lunes, 20 de mayo de 2013

Dos proyectos para afrontar la crisis sistémica


Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid


Dos estrategias fundamentales pugnan por la gestión y salida de la crisis sistémica: 1) Por un lado, la opción dominante es la estrategia liberal-conservadora, basada en la política de austeridad. 2) Por otro lado, de forma subordinada está la apuesta por una opción justa, democrática y solidaria.
La primera admite dos posibles evoluciones: 1) la continuista remozada con cierta flexibilidad y una aplicación más lenta, la persistencia de los ajustes estructurales con la prioridad de reducir el déficit (y la deuda) público y nuevos reequilibrios económicos e institucionales, dentro de la UE y la zona euro, bajo hegemonía alemana, y 2) la deriva hacia una austeridad impuesta y autoritaria, especialmente regresiva, segmentada y de subordinación del sur, pero con importante precarización de las capas populares centrales, deslegitimación social de sus clases gobernantes con democracias liberales débiles, así como con riesgos de ruptura de la UE y el euro y fortalecimiento de nuevos movimientos populistas, con componentes derechistas, xenófobos o exclusivistas.
La segunda opción es un proyecto y un impulso de cambio, con una gran legitimidad social (en el sur), pero sin fuerzas sociales y políticas suficientes (y menos económicas) para implementarla a corto y medio plazo. Consiste en una política económica alternativa, expansiva del empleo y mejora del aparato productivo (del sur), la solidaridad e integración europea, la reafirmación del modelo social europeo y los derechos sociolaborales y la regeneración democrática de los sistemas políticos. Ese proyecto es defensivo, pero tiene sentido como orientación que refuerce la resistencia a la involución social y democrática, cohesión de fuerzas progresistas y condicionamiento sociopolítico hacia un sistema económico y político menos regresivo.
Cabe una tercera opción, ‘intermedia’ entre las dos anteriores, como agotamiento, derrota y cambio de la primera, pero sin suficientes fuerzas para garantizar la segunda. Supone cierto acuerdo o equilibrio entre parte del poder económico liberal e institucional y los intereses y la legitimidad de las sociedades europeas junto con la presión de los países  sur (incluyendo Francia). Las expectativas iniciales del programa de Hollande (y Obama) podían apuntar al inicio del camino hacia esta opción, pero sus políticas siguen bloqueadas sin romper totalmente con la primera opción. Conlleva un equilibrio inestable con tendencias contrapuestas: 1) hegemonía política liberal y de las principales fuerzas económicas y empresariales, con garantías (estabilidad sociopolítica, legitimidad social, competitividad respecto a terceros países…) para la reproducción del sistema económico y la legitimidad de su poder y distribución de rentas a medio y largo plazo; 2) persistencia de la presión popular y las fuerzas de izquierda y movimientos sociales progresistas, con un modelo social y un sistema democrático ‘suficientes e integradores’.
En consecuencia, tenemos tres opciones de gestión de la crisis, con tres resultados distintos: 1) continuista con la austeridad con dos variables, una la autoritaria-populista y otra la austeridad de aplicación más lenta y flexible, con otros complementos o incentivos expansivos, que tiende a ser la dominante; 2)intermedia, con prioridad al crecimiento económico junto con la consolidación fiscal, sensible a la cohesión social y la legitimación y el equilibrio institucional, estatal y europeo, aunque con hegemonía de similares estructuras económicas y de poder; 3) de cambio sustantivo, justa y democrática, con refuerzo de la solidaridad (financiera y redistributiva) y el modelo social europeos, un desarrollo económico equilibrado con la modernización del aparato productivo del sur europeo, la democratización de los sistemas políticos y las instituciones de la UE y un peso significativo de las izquierdas y los movimientos sociales progresistas.
El bloque de poder, económico e institucional, dominante en la UE, apuesta por la primera opción. La mayoría de las sociedades del sur y sectores significativos de las del norte están en contra de la austeridad y los recortes sociales, con una clase política con escasa legitimidad social.
Así, según la encuesta europea de IPSOS (ver diario El País, 7 de mayo de 2013), respecto de las consecuencias en la vida diaria, para el 60% de los europeos, las dificultades de la crisis la han hecho peor (20% mucho peor y 40% algo peor), para el 32% no ha cambiado nada, la situación es la misma, y para el 8% la han beneficiado. Existen diferencias significativas entre el sur y el norte. En España se alcanza un 76% que ven solo consecuencias negativas de la crisis y rechazan los recortes sociales; en el caso de Alemania es el 54%, es decir, también son mayoría aunque menor. Además, en España, al 90% de sus ciudadanos, las dificultades económicas se han llevado a reducir su gasto en esta crisis (95% en el caso de Italia y el 76% la media europea). Tres cuartas partes de los encuestados europeos creen que la situación empeorará el año 2014, es decir, desconfían que las políticas implementadas proporcionen el crecimiento económico, que es el fruto prometido por los dirigentes institucionales. El pronóstico más sombrío se refiere a las generaciones futuras. La mitad de los encuestados temen que sus hijos estén peor que ellos cuando alcance la edad adulta y otra cuarta parte en una situación similar. Es decir, solo un 25% considera que la nueva generación va a mejorar respecto de la situación actual de sus padres; el horizonte de progreso social y económico se rompe, la frustración por la persistencia de las consecuencias negativas de la crisis se afianza y se amplía la desconfianza en las élites políticas y el propio diseño institucional de la UE, incapaz de ofrecer una salida más integrada y democrática.
Por otro lado, según diversas encuestas del CIS y Metroscopia existe un deterioro de la credibilidad social de la clase política gobernante que se considera un problema adicional en vez de solución. Y, en particular, la desconfianza en la gestión de los líderes políticos (tanto Rajoy cuanto Rubalcaba) alcanza al 80% de la población.
La conciencia social mayoritaria de las consecuencias negativas de la crisis y la percepción de que la gestión institucional no garantiza una perspectiva mejorable, constituyen una gran impugnación a las actuales políticas de austeridad y sus gestores. Es una condición para poder conformar una base social de apoyo a la demanda de una opción progresista. No obstante, este deseo está mediado por la debilidad de la presión social activa, la fragmentación de su articulación organizativa y, particularmente, por el insuficiente peso de las fuerzas transformadoras en el ámbito electoral-institucional. En ese sentido, el núcleo principal (Alemania) de la socialdemocracia europea, dominante en el electorado de centroizquierda de la mayor parte de países europeos, no se distancia claramente de la primera opción, aunque algunos sectores (Francia) admitan ya la necesidad de su reforma. Así, ante esa orfandad representativa y a pesar de cierta desafección a los partidos socialistas, corresponsables de la austeridad (Grecia, Portugal, España), y el desplazamiento hacia la izquierda de una parte de sus electorados, no es de extrañar la débil confianza popular en las posibilidades de cambio institucional a corto plazo.
Por tanto, para promover el camino hacia la segunda (y tercera) opción, la reorientación de la política económica y la democratización del sistema político con un nuevo equilibrio (con conflicto y pacto), ya se ha dado un paso sustancial: 1) la evidencia del fracaso de la política de austeridad, con una masiva indignación social contra su carácter regresivo; 2) la amplia crítica a sus gestores, con mayor deslegitimación ciudadana, y 3) la significativa participación democrática de una ciudadanía activa (desde el sindicalismo y distintos grupos sociales hasta el movimiento 15-M y similares), como expresión de la nueva oleada de protestas sociales, cuyo último eslabón han sido las multitudinarias conmemoraciones estos días del segundo aniversario del 15-M.
Pero es necesario un segundo paso, con el refuerzo de esos tres factores positivos, que presenta dificultades particulares: 1) un potente movimiento social progresista, con la configuración de un campo sociopolítico transformador capaz de conseguir el apoyo de la mayoría de la sociedad; 2) un fortalecimiento, reorientación y unidad de las izquierdas políticas y su reflejo institucional, y 3) la renovación de discursos y liderazgos, la reorientación estratégica y la mejora de la calidad democrática y ética de las élites políticas, sindicales y asociativas progresistas, incluidas las intelectuales

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